Cementerio de San Rafael -

CEMENTERIO DE SAN RAFAEL

Contexto histórico

El inicio de la sublevación militar en el protectorado de Marruecos en la tarde del 17 de julio de 1936, pronto conocería su réplica entre las guarniciones peninsulares, significando el fracaso del golpe militar y, con ello, el inicio de la guerra civil.
En el caso de Córdoba, la sublevación dio comienzo a mediodía del 18 de julio, una vez que el general Queipo de Llano comunicó al coronel Ciriaco Cascajo, jefe del Regimiento de Artillería Pesada Nº 1, el triunfo de la sublevación en Sevilla, ordenándole la proclamación del bando de guerra y nombrándolo comandante militar de Córdoba.
En una situación de calma tensa, las autoridades republicanas de la ciudad habían tomado las medidas oportunas de acuerdo con las instrucciones recibidas desde el Ministerio de la Gobernación en Madrid. Así, el gobernador civil Rodríguez de León, reunido en las dependencias del gobierno civil con distintos líderes de la izquierda cordobesa, los mandos de la guardia civil (coronel Francisco Marín y teniente coronel Mariano Rivero), y al amparo de las fuerzas de Seguridad y Asalto bajo el mando del capitán Manuel Tarazona Anaya, se procura movilizar a los barrios populares ante la eventualidad de la salida de las tropas del Cuartel de Artillería, promoviendo así mismo la formación de una columna de milicianos en Peñarroya-Pueblonuevo, aunque descartando el reparto de armas entre la población.
La salida de las tropas a las calles de Córdoba no se produciría hasta en torno a las 17:45 horas de las tarde —aun siendo vox populi el comienzo de la insurrección de la guarnición al mediodía, como constata el bullicio que se vive en la tarde—, al tiempo que más de un centenar de derechistas concentrados en el cuartel de Artillería reciben armas y forman un escuadrón paramilitar de apoyo, con el objetivo de derrocar a las autoridades republicanas. Cascajo dispondría la colocación de varias baterías en el centro de la ciudad, aunque mostrando dilación en la toma de los edificios gubernamentales toda vez que la suma de las fuerzas de la Guardia Civil a la sublevación no estaba asegurada, lo que podría significar un combate a dos bandas contra las fuerzas de la Benemérita y la Guardia de Asalto. Finalmente, el bando golpista optaría por la detención y destitución de sus mandos naturales, procediendo al nombramiento del comandante Luis Zurdo Martín. Sumada la Guardia Civil al golpe, Zurdo sería enviado al Gobierno Civil para negociar su rendición, siendo no obstante detenido en su interior. Finalmente, tras varias descargas de artillería y constatado el hecho de que los esperados refuerzos prometidos por Madrid no llegarían, Rodríguez de León optaría por la rendición, procediéndose a la detención inmediata de los ocupantes del edificio.

Imagen de Bruno Ibáñez con Ciriaco Cascajo. (Fuente: https://asambleadigital.es/2022/03/20/los-verdugos-de-franco-en-la-guerra-civil-bruno-ibanez-galvez-el-azote-de-cordoba/).

Por lo que respecta a la toma del Ayuntamiento, ésta no sería tan dramática. Cuando las fuerzas que rodeaban el edificio se decidieron a asaltarlo encontraron las dependencias vacías, concluyendo la huida de los concejales —reunidos desde la tarde del día 17—, a través del parque de bomberos.
A la destitución de las autoridades republicanas, seguirá la usurpación de las funciones gubernativas por parte de los sublevados bajo el amparo del Bando de Guerra. Así Cascajo dispondrá los nombramientos de Salvador Muñoz Pérez como alcalde, José Marín Alcázar como Gobernador Civil y Eduardo Quero Goldoni como Presidente de la Diputación Provincial, todos ellos acompañados de una mezcla de militares en la reserva, propietarios agrarios, industriales y comerciantes que, en conjunto, representaban a la derecha cordobesa más tradicional. Estos nombramientos se completaron con el del comandante Luis Zurdo como Delegado de Orden Público, relevado a partir del 22 de septiembre por el Teniente Coronel de la Guardia Civil Bruno Ibáñez —«Don Bruno», de aciago recuerdo en Córdoba—, al ser éstos los artífices de la gran represión que se desencadenará desde el verano de 1936.
Por otro lado, otra cuestión que se refleja claramente en los Libros de enterramiento de los cementerios cordobeses son los bombardeos aéreos republicanos sobre la retaguardia del ejército golpista. Para el caso de Córdoba, los bombardeos comenzaron a finales del mes de julio pero no sería hasta el 1 de agosto, sobre las 11:00 de la mañana cuando se constata la primera incursión con 7 víctimas mortales. Al día siguiente Queipo de Llano anuncia represalias en caso de nuevos bombardeos, a razón de 10 detenidos “de filiación marxista“ por cada víctima contabilizada. Efectivamente, ese mismo día se produce un nuevo borbardeo que provoca 3 fallecimientos y por la noche fueron fusilados en la Cuesta de Los Visos 12 hombres como represalia, cuyos cadáveres fueron repartidos entre el Cementerio de La Salud y el de San Rafael. A esos primeros bombardeos les siguieron nuevas incursiones, especialmente durante la semana trágica del 17 al 23 de agosto, llegando en esas fechas al cementerio de San Rafael al menos 58 víctimas, ataques que continuaron de manera esporádica hasta abril de 1937.

Fuente: https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/sevi-guerra-civil-cielo-cordoba-201607221410_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fandalucia%2Fcordoba%2Fsevi-guerra-civil-cielo-cordoba-201607221410_noticia.html

A propósito de la represión, esta debe ser comprendida como un elemento indispensable dentro del programa de los sublevados, ante la superioridad numérica del proletariado rural y urbano, especialmente en el sur. Esto queda claro en virtud de la primera de las instrucciones dictadas por Mola:

«La conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento favorable y a ella han de contribuir las Fuerzas Armadas, conjuntamente con las aportaciones que en hombre y elementos de todas clases faciliten los grupos políticos, sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos sectas y sindicatos que reciben inspiraciones del extranjero: socialistas, masones, anarquistas, comunistas, etc. […] Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley, y reforzar convenientemente al ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho“.
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Así, la represión adquiere un componente fundamental al aniquilar y anular al adversario —o al menos a parte los elementos más destacados del mismo—, tanto física como simbólicamente (este último componente es especialmente significativo en el caso de las mujeres), sirviendo el terror derivado como elemento desvertebrador de las fuerzas democráticas. En esta misma línea, Moreno Gómez señala los cuatro elementos sobre los que se sustenta el «genocidio franquista»: la aniquilación física, económica, cultural y biológica. Todos estos aspectos deben ser considerados de cara a la investigación de la represión en su globalidad.

Córdoba no sería una excepción a la barbarie represiva siendo su balance “el exterminio de las personalidades republicanas y del Frente Popular, así como del sector laico de la sociedad cordobesa, intelectuales liberales (médicos, maestros…) y por supuesto, el aniquilamiento de las organizaciones obreras y partidos de izquierda”. El fenómeno represivo en la capital ha sido ampliamente estudiado por Moreno Gómez quien señala una serie de fases en el desarrollo de la primera oleada represora, iniciándose ésta con la persecución arbitraria sobre elementos de los partidos y sindicatos del Frente Popular a instancias de Eduardo Quero —bajo la protección de Cascajo y Queipo—, para pasar a una intensificación de la represión bajo el mando del comandante Zurdo, hasta la sistematización del terror de «Don Bruno», aportando una cifra mínima de 2.172 asesinatos durante 1936. A estas muertes habrían de sumarse tanto las producidas hasta 1939, como aquellas producto de la represión de posguerra (tanto fusilamientos por consejo de guerra como muertes en prisión, campos de concentración o batallones de trabajo), siendo el destino de la gran mayoría de las víctimas, las fosas de los cementerios cordobeses. No obstante, tal y como matiza el propio autor, durante los primeros días de la represión fueron múltiples los lugares de fusilamiento, siendo habitual la exposición de los cuerpos a la intemperie hasta su eventual traslado al cementerio, sistematizándose con posterioridad los fusilamientos en las tapias y la inhumación en fosa común:

“En Córdoba, en las primeras semanas, se fusilaba sobre todo en las tapias del cementerio de La Salud (ridículo nombre) y en los extrarradios: en el Arroyo del Moro a orillas del Guadalquivir, en las cunetas de las carreteras de salida, en la carretera de Santo Domingo, en la Carrera del Caballo, en el cortijo del Telégrafo, en la Cuesta de los Visos, en la Cuesta de Rabanales, en la carretera de Trasierra, en la Cuesta La Lancha, en la carretera del Castillo de la Albaida, en las carreteras de Casillas o de Pedroches, en la Cuesta del Espino (carretera de Sevilla), en el lugar Los Santos Pintados… todo un calvario trágico que rodea la ciudad. Se pasaban el día y la noche deteniendo gente, y la madrugada siguiente ya estaban muertos. Cuando los familiares iban a las numerosas cárceles a llevar ropa o alimentos a los suyos, les decían: “ese ya no necesita comer” y otros eufemismos burlescos“.
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Localización en el mapa de la ciudad de Córdoba de los principales lugares de fusilamiento en 1936. Fuente: Aranzadi, 2022 sobre Google Earth.

Imagen de la Plaza de las Tendillas, varios soldados del ejército sublevado exhiben una tanqueta capturada al enemigo en la Navidad de 1936 (Fuente: https://www.facebook.com/GCESPCOLOR/photos/navidad-de-1936-plaza-de-las-tendillas-c%C3%B3rdobavarios-soldados-del-ej%C3%A9rcito-suble/1020433851461376/).

Estos asesinatos en aplicación de los diferentes bandos de guerra dictados por Queipo se mantendrán hasta febrero de 1937, cuando se instauran las ejecuciones procedentes de la justicia militar. Sobre este particular contamos con el inmenso trabajo llevado a cabo por el catedrático Antonio Barragán, que consultó en diferentes archivos militares casi 11.000 expedientes y cuyos resultados sintetizó en un volumen titulado “Enterado. Justicia militar de guerra en Córdoba (1936-1945)”. De los expedientes revisados, aproximadamente 1.980 tuvieron como consecuencia la ejecución de la sentencia de muerte dictada por los tribunales militares mientras que otros 800 fueron conmutados por prisión, siendo muchos de los penados derivados a los batallones de trabajos forzados. Las numerosas víctimas procedentes de tan variados frentes (aplicación de sentencias de muerte, víctimas fallecidas en las cárceles, en campos de concentración o en batallones de trabajo), fueron inhumadas en los cementerio cordobeses.

Plano de la ciudad de Córdoba con la localización de los Cementerios Municipales, La Salud y San Rafael. (Fuente: Google Earth).

Las mujeres además sufrieron un tipo de represión que, sumadas a las condenas por rebelión o auxilio a la rebelión, se les añadía imputaciones de tipo moral: por ser “individuas de dudosa moralidad”, por no cumplir con sus obligaciones religiosas para ellas o para con sus hijos o por vivir amandebadas llevando una “vida licenciosa”.
El centro principal de detención de Córdoba durante la Guerra Civil fue el Alcázar de los Reyes Cristianos, uno de los monumentos históricos más señeros de la ciudad, y sede de la Inquisición desde 1492, que quedó convertido en cárcel en 1821. La reivindicación por parte de las autoridades cordobesas de la construcción de una nueva prisión parte de las peticiones realizadas en 1922, aunque el proyecto de construcción de la nueva cárcel de Córdoba no es aprobado hasta el 30 de noviembre de 1933, en el Consejo de Ministros dirigido por el Presidente del Gobierno Diego Martínez Barrios. Apenas unos meses después, el 25 de febrero de 1934, se colocó la primera piedra de la que sería la nueva prisión provincial de Córdoba, la llamada cárcel de Fatima por estar ubicada en el barrio del mismo nombre, una gran manzana entre las actuales avenidas de Blas Infante y Nuestra Señora de las Mercedes, en el sector oriental de la ciudad y junto a la carretera de Pedroches, hoy Centro Cívico Levante.
La construcción de la nueva prisión se demoró hasta 10 años, siendo inaugurada el 31 de diciembre de 1944. Pero mucho antes —al menos desde mayo de 1941 según consta en el Libro de enterramiento del cementerio de San Rafael—, numerosos presos fueron trasladados a las nuevas instalaciones conforme se iban terminando los diferentes módulos —especificando en los diferentes asientos si se trataba de la Prisión Provincial, la ubicada en el Real Alcázar de los Reyes Cristianos o si procedían de la llamada “Prisión Habilitada“—, tal era la cantidad de penados que se hacinaban en la vieja cárcel provincial.

Plano de la ciudad de Córdoba con la localización de los recintos penitenciarios, el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Prisión Habilitada. (Fuente: Google Earth).

Otro eje que articuló la privación de libertad impuesta por los militares golpistas fue la creación de la ICCP (Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros) en julio de 1937, que fue la base sobre la que se configuró un sistema concentracionario formado por los campos de concentración y las unidades de trabajos forzados.
Es en el trascurso de la guerra cuando se construyen diferentes campos de concentración de prisioneros tanto en la capital cordobesa como en su provincia. Así, en Córdoba se habilitan los conventos de San Cayetano y Buen Pastor mientras que se construye otro en Córdoba la Vieja, en el pago de la Suerte Chica (hoy terrenos del Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra).

Plano de la ciudad de Córdoba con la localización de los campos de concentración. (Fuente: Google Earth).

En la provincia se erigieron campos tanto en el norte de la provincia como en su sector suroccidental; en Villaharta, El Carpio, Villa del Río, Alhondiguilla, Baena, Alcolea del Río, Valenzuela, Lopera, Baena, Cabra, Cerro Muriano, Fuente Obejuna, Los Blázquez, Lucena, Valsequillo, La Granjuela, Peñarroya-Pueblonuevo, Montilla, Aguilar de la Frontera y otros tantos para dar cabida al ingente número de detenidos, establecimientos que estuvieron operativos desde marzo de 1938 a agosto de 1939 y por los que pasaron más de “60.000 evadidos y prisioneros de guerra republicanos, lo que convirtió buena parte del territorio cordobés en una inmensa prisión“.
Así, al acabar la guerra y con la avalancha de presos en la cárcel procedentes de los diferentes frentes, la población reclusa en la antigua prisión de Córdoba ascendía a 1.300 reclusos, que se hacinaban en sus viejas e inhumanas instalaciones.
En la provincia de Córdoba, durante el periodo comprendido entre 1937-1942, estuvieron en funcionamiento un total de 28 establecimientos de trabajos forzados: veinte batallones de trabajadores, cuatro batallones de trabajadores especiales y cuatro batallones de penados o de castigo (tres batallones disciplinarios de trabajadores y un batallón disciplinario de soldados trabajadores). Este último, comenzó a impulsarse un año después de finalizada la guerra, pero su período de mayor actividad fue 1942. “En septiembre de 1940, encontramos 20.000 cautivos trabajadores y un progresivo incremento de individuos en BDST que no dejó de aumentar en toda su existencia y que no se redujo hasta su práctica desaparición después de diciembre de 1942. Ese mismo año, las cifras de jóvenes reemplazos encuadrados en los BDST y BDSTP no descendieron prácticamente de los 30.000, llegando en algunos momentos a rozar los 50.000, como en el mes de marzo. La brusca disminución en el número de encuadrados de los BDST en noviembre y diciembre de 1942 evidencia el proceso hasta la disolución de estas unidades, que acompañó a las transformaciones institucionales”.
Por lo visto hasta ahora, las penalidades de los presos en las cárceles y centros concentracionarios de Córdoba, el hambre, las enfermedades, la falta de higiene y cuidados médicos y las precarias condiciones en las que se encontraban los centros, provocó un aumento de los fallecimientos que recientemente ha cuantificado el historiador Julio Guijarro. A partir del análisis de los expedientes procedentes de los Consejos de guerra custodiados en el Archivo del Tribunal Militar Segundo de Sevilla, ha elevado las cifras inicialmente barajadas hasta alcanzar los 940 fallecidos, sumando las defunciones producidas en las cárceles (Habilitada y Provincial), los campos de concentración y las unidades de trabajos forzados.

Imagen de presos en un campo de concentración en Córdoba (Fuente: https://lospedrochesporlarepublica.blogspot.com/2019/03/los-campos-de-concentracion-franquistas.html).

El reflejo de esta política de exterminio dictada por las autoridades golpistas tiene su consecuencia, como no podría ser de otra manera, en los cementerios de la capital cordobesa. En lo referente al Cementerio de San Rafael, fueron inhumados cadáveres procedentes de los bombardeos de la aviación republicana, asesinados por aplicación del bando de guerra, fusilamientos en aplicación de sentencias de muerte dictadas por tribunales militares, y, en lo referente a las fosas de posguerra, aquella situada en el espacio ajardinado nº 6 de la ampliación del recinto cementerial, muertos a manos de la Guardia Civil además de aquellos que fueron juzgados sumarísimamente y ejecutados a partir del final de la guerra, así como víctimas procedentes tanto de las cárceles como de campos de concentración y batallones de trabajadores penados. Con respecto a estos últimos, fueron víctimas del hambre, reciba el nombre que reciba en los documentos oficiales (caquexia, avitaminosisis, anemia o inanición); de enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, las fiebres tifoideas, el tifus exantemático, trasmitido a través de la picadura de los piojos o la pelagra, enfermedades que, en su mayoría, se relacionan con la subalimentación que recibían los presos, agravada además por los niveles de corrupción dentro del sistema concentracionario franquista y el lucrativo negocio, por parte de los oficiales, del desvío al mercado negro de las raciones destinadas a las cárceles . Como consecuencia de todo ello se constata, por ejemplo, el caso del envenenamiento de dos presos, Celedonio Roma Padilla y Prudencio Sánchez Campos, ambos paisanos de Ciudad Real que cumplían condena en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 59 de Cerro Muriano, fallecidos por comer tubérculos venenosos en enero de 1941. Un dato a tener en cuenta a la hora de abordar el estudio y exhumación de las fosas comunes es que los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital Militar para practicarles la autopsia, y después inhumados en la fosa común del cementerio de San Rafael.
Contabilizando el volumen total de víctimas, que recogen diversas fuentes, el Cementerio de San Rafael acoge un total de 1457 individuos censados hasta el momento, cifras previas a los trabajos realizados en esta actuación, víctimas tanto de la cruel represión que siguió al golpe militar de 1936, como a fallecidos en la posguerra.
En consecuencia, a todo ello, en la fosa actualmente en curso de excavación, aquella situada en el espacio ajardinado nº 6 del cementerio de San Rafael fueron depositados los cuerpos de víctimas ejecutadas a partir de sentencias de muerte dictadas por tribunales militares, además de aquellas otras procedentes de cárceles, batallones de trabajo y batallones disciplinarios de soldados trabajadores. A ello hay que sumar aquellos fallecidos en asilos, hospitales y viviendas que no contaban con medios para financiar una sepultura individual, además de niños, fetos, restos procedentes de amputaciones, material quirúrgico y otros derivados al cementerio desde los hospitales, así como osarios procedentes de exhumaciones de nichos que fueron trasladados definitivamente a la fosa.

Imagen del Libro de enterramiento del Cementerio de San Rafael. 22/01/1939, con traslado de restos óseos a la fosa común.

Imagen del Libro de enterramiento del Cementerio de San Rafael. 3/5/1941, con víctimas ejecutadas inhumadas en la fosa común.

Imagen del Libro de enterramiento del Cementerio de San Rafael. 16/1/1941, con los asientos de las víctimas Celedonio Roma Padilla y Prudencio Sánchez Campos, presos en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 59 de Cerro Muriano, e inhumados de oficio en la fosa común.